Los radiodifusores tienen el derecho de la Primera Enmienda a decidir qué programación emitir. Si el Congreso está preocupado por que el gobierno federal extorsione a los radiodifusores, debería investigar al gobierno, no al radiodifusor. El remedio a la interferencia del gobierno en los medios no es más interferencia. El gobierno que castiga a los radiodifusores o que interfiere en sus procesos editoriales por negarse a emitir un programa es tan perjudicial como castigarlos por emitirlo. Dos errores no justifican un derecho constitucional.